Ley N° 20.422 Antecedentes Generales

Ley 20.422 (promulgada el 10-febrero-2010), sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

El objetivo de esta ley es Asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en su discapacidad.
Esta Ley refuerza el principio de no discriminación establecido en la Constitución Política de la República. En primer lugar, establece que su objeto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mediante la eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, entre otras medidas.
Para que no haya dudas respecto a lo que se entiende por “Discriminación”, define este concepto (“Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico”). Por lo tanto, cada vez que es señalado en la Ley, debe ser entendido en la forma en que ha sido definido.
Establece además normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad; en su artículo 3 señala entre sus principios el Diseño Universal, el cual se entiende como la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. En el ámbito educativo, el Diseño Universal se expresa como Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), cuyos criterios buscan promover prácticas inclusivas constituyendo el primer paso para responder a las diferencias individuales en el aprendizaje que presentan los estudiantes.
Así también, esta misma ley, en su artículo 36, señala que «el Ministerio de Educación deberá hacer las adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la educación». De esta forma, la adecuación curricular favorece que los estudiantes con necesidades educativas especiales participen también en los procesos de evaluación de la calidad de la educación. Esto permitirá obtener una visión más completa de los resultados del logro de los aprendizajes, realizar comparaciones más exactas, evitar prácticas de exclusión, y promover altas expectativas en los docentes sobre el aprendizaje de estos estudiantes y su acceso al currículum nacional, beneficiándolos además con las reformas educativas que se implementen a propósito de estas evaluaciones.
Finalmente, con el objeto de sancionar los actos u omisiones discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad en el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley, establece una acción especial a ser tramitada ante el juzgado de policía local de su domicilio.
En consecuencia, la Ley establece el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, fija su contenido y señala obligaciones para el Estado a fin de lograr su efectiva vigencia (deber de promover y de garantizar).
Respecto de las mujeres y las personas con discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, establece la obligación del Estado de adoptar medidas para asegurar, en especial, el respeto de su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud reproductiva.
Las personas con discapacidad mental, en ningún caso, podrán ser parte sometidas, contra su voluntad, a prácticas o terapias que atenten contra su dignidad, derechos o formen parte de experimentos médicos o científicos.
Respecto de las niñas y niños con discapacidad, se establece la obligación del Estado de adoptar acciones para asegurar, en especial, el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su fertilidad.
Además, dispone que, en toda actividad relacionada con niños con discapacidad, se debe considerar la protección de sus intereses superiores.
El Estado debe adoptar medidas para evitar las situaciones de abuso, violencia y discriminación de que puedan ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas con discapacidad mental, debido a su condición.
Tratándose de las personas en situación de dependencia, dispone que el Estado deberá promover la autonomía personal y atención de estas personas, a través de prestaciones y servicios de apoyo.

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