La Constitución Política de la República de Chile (1980)

Contadas desde los inicios del Estado e incluyendo los Reglamentos Constitucionales del periodo de la independencia y hasta la Constitución de 1980, Chile ha tenido nueve cartas magnas.

Entre ellas, puede considerarse que la Constitución de 1833 ha sido la base para los conjuntos de normas jurídicas posteriores, de 1925 y 1980, generando una cierta estabilidad jurídica.
La Constitución de 1925 fue redactada bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma y aprobada mediante plebiscito nacional. Durante la dictadura en 1973, la Junta Militar suspendió el ejercicio de la Constitución de 1925, pese a que formalmente se declaró que esta continuaba vigente (BCN, 2018). Por otra parte, se disolvió el Congreso Nacional y luego, en octubre de 1973, se nombró una Comisión encargada del estudio y redacción de una nueva Constitución, integrada por siete miembros de confianza de la Junta, proceso que concluye en el año 1978, pasando por dos procesos de revisión posteriores: uno por una comisión presidida por el ex presidente Jorge Alessandri y otra dirigida por la propia Junta de Gobierno.
La Constitución de 1980, que se mantiene vigente hasta la fecha, fue objeto de 54 modificaciones relevantes el año 1989 y de una enmienda de varias normas el año 2005, aprobada por el Congreso Pleno con un amplio consenso nacional.
En cuanto al tema de educación, el artículo 10 de la Constitución señala que:
la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.
En el artículo 11 se afirma que:
la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad Nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

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