Enfoque desde los Derechos en la Educación

Lograr que el derecho a la educación sea efectivo implica que los principios básicos que orientan la educación deban ser los mismos para todas las personas,

aunque también es preciso considerar algunos derechos diferenciados para ciertos grupos con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades durante su proceso educativo.
La Convención de los Derechos del Niño en el Art. 23, establece que “los niños y niñas con discapacidad deben disfrutar de una vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad. El Estado, por su parte, debe tomar las medidas necesarias para garantizar su protección contra toda forma de discriminación, implementando los cambios legales, institucionales y culturales para que estos derechos sean efectivamente respetados y puedan ser exigidos”.
El derecho a la educación está consagrado en importantes instrumentos jurídicos vigentes en Chile, entre los que se encuentran La Constitución Política de la República de Chile; la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE; La Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales elaborado por las Naciones Unidas; la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana por nombrar algunos, en ellos se estipula que se deben tomar todas las acciones que sean necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Estos marcos legales coinciden en que el derecho a la educación es válido para todas las personas, sin distinción alguna. Algunos de los derechos más relevantes en relación con la educación especial son los que se presentan a continuación:

· El Derecho a la Igualdad de Oportunidades

Cuando se plantea la igualdad de oportunidades hay que poner el acento en que ésta no significa que se deba considerar a todas las personas de la misma manera sino, por el contrario, se trata de ofrecer las ayudas y recursos que cada persona necesita de acuerdo a sus características y necesidades individuales, lo cual permitirá que todos los alumnos se encuentren en igualdad de condiciones al momento de aprovechar las oportunidades educativas. Esto implica la exigencia de que los sistemas educativos provean y garanticen los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, cuenten con las ayudas que faciliten el máximo desarrollo de sus potencialidades y autonomía personal, incentivando su más amplia participación y progreso tanto en el currículum adaptado como en las actividades educativas comunes. Desde esta perspectiva, la igualdad de oportunidades no sólo se refiere al hecho de acceder a la educación, sino también al derecho a recibir una educación de calidad.
Se plantea por tanto que todo niño, niña, joven y adulto con alguna discapacidad tiene derecho a una educación que maximice su potencial y se proponga como objetivo su plena integración social. Es más, no sólo promueve la igualdad de derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, i nos que también declara que la educación debiera darse en “contextos escolares integrados” y “en el contexto de la escuela común”, con lo cual se hace referencia también a las implicancias que tiene el derecho a la educación para aquellos alumnos que no presentan necesidades educativas especiales.

· El Derecho a la Participación y a la no Discriminación

No se puede aceptar bajo ningún término que alguna persona sufra algún tipo de discriminación ni restricción para participar en los diferentes ámbitos de la vida, entre los que se encuentran la educación, la salud, el empleo, el acceso a lugares recreativos públicos, entre otros. Para hacer efectivo este derecho, es fundamental eliminar todo tipo de barreras que impidan el acceso y la participación en las distintas actividades de la vida humana. Es imprescindible avanzar hacia las condiciones que permitan dar cabida a las necesidades de todas las personas, de tal manera que se pueda hacer efectiva dicha participación.
En el ámbito educativo, este derecho quiere decir que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, deberían educarse con el resto de los alumnos de su edad; para ello es necesario que se hagan los ajustes que se estime convenientes para asegurar su máxima participación en el currículo común y en las actividades educativas generales.
Desde el enfoque de derechos, el que los alumnos asistan a escuelas o grupos especiales en forma permanente debiese ser una situación excepcional, reservada sólo a aquellos alumnos que presenten condiciones muy justificadas para no acceder a la escuela común. Cuando, por alguna razón, se necesite incorporar a algún alumno a una escuela especial, se debe garantizar que la enseñanza que se le ofrezca sea equivalente, tanto como sea posible, a la entregada en el currículum común y que la calidad de ésta permita el máximo desarrollo y aprendizaje del estudiante.
La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales que se llevó a cabo en Salamanca en el año 1994, plantea como principio orientador que las “escuelas deben acoger a todos los niños, independiente de sus condiciones personales”. Esta resolución se debe a que los establecimientos de educación común son vistos, por una parte, como un espacio de integración social en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y aprender a respetar y valorar las diferencias; y, por otra, como un medio eficaz para combatir actitudes discriminatorias; crear comunidades de acogida y construir una sociedad integradora.
La Declaración de Salamanca estimula a los gobiernos a dar la máxima importancia, así como también los recursos necesarios para mejorar los sistemas educativos, de manera que se incluya a todos los niños, sin importar las diferencias o dificultades que ellos presenten. También hace un llamado a trabajar por una “escuela para todos”, en la cual se valoren las diferencias, se respalde los aprendizajes y se responda a las necesidades de cada alumno, invitando a las familias a participar en las decisiones que se tomen al respecto.
Se ha planteado también que la inclusión de niños con necesidades educativas especiales tiene que ser parte de las estrategias propuestas para alcanzar el objetivo de que todas las personas puedan acceder, al menos, a la enseñanza básica. Se indica también que con el objetivo de atraer y retener tanto a los niños como a los jóvenes pertenecientes a grupos marginados y excluidos -entre ellos los que presentan discapacidad- los sistemas educativos deberán atender con flexibilidad sus necesidades, facilitando los contenidos pertinentes de manera accesible y atractiva.
En Chile, la Ley 19.284 (que no está vigente pero que existen cosas relevantes) que se refiere a la Plena Integración Social de las Personas con Discapacidad, se señala que: “los establecimientos públicos y privados del sistema de educación común deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares necesarias para permitir y facilitar, a las personas que tengan necesidades educativas especiales, el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándoles la enseñanza complementaria que requieran, para asegurar su permanencia y progreso en dicho sistema“.
En esta materia es importante el papel que le corresponde desempeñar al Ministerio de Educación respecto a la difusión de los mecanismos existentes, para que las personas que presentan necesidades educativas especiales que se vean afectadas en su derecho a la educación, en términos de vulneración o discriminación, puedan efectuar los reclamos correspondientes ante la autoridad, con la finalidad de que se reestablezca el derecho que se ha visto vulnerado.

· El Derecho a la Propia Identidad

El derecho a la identidad se relaciona con la idea de que cada persona es portadora de sus derechos, los cuales requieren ser protegidos.
Este derecho tiene un significado bastante amplio y asume que cada persona tiene un conjunto de cualidades, tanto de carácter biológico como personal, las cuales permiten precisamente que cada sujeto presente características individuales durante su participación en la sociedad. Estos atributos permiten identificar a una persona y reconocerla como distinta a otra.
El derecho a la identidad, en cuanto determina a la persona como un ser único, le otorga a éste las características que posee la dignidad humana, es por esto que pasa a considerarse un derecho a la libertad. El reconocimiento de la dignidad humana otorga a la persona la posibilidad de desarrollar su vida y de obtener su realización, es decir, el libre desarrollo de su personalidad.
En el ámbito educativo, es importante asegurar que aquellas personas que requieren formas de expresión distintas al lenguaje oral y escrito, y necesitan usar por ejemplo el lenguaje de señas o el sistema Braille puedan contar con ellos y los utilicen en su proceso de aprendizaje, situación que les permitirá desarrollar su autonomía e identidad.
Se trata, en definitiva, de que tanto la persona como la sociedad en la que vive asuman las características singulares de cada ser humano y se valoren positivamente las diferencias que cada uno presenta, ya que éstas enriquecen a las personas y a la sociedad en su conjunto. La valoración negativa de las diferencias conduce a la exclusión y a la discriminación.

· El Derecho a la Tecnología Accesible y su Apropiación Social

El acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación es fundamental en la sociedad actual del conocimiento. La posibilidad de acceder a estos medios constituye en la actualidad un factor importante de equidad. De hecho, ya se habla de la brecha digital como uno de los factores de desigualdad entre los países y las personas.
Por ello, resulta pertinente plantear un derecho humano específico para las personas con discapacidad, que corresponde a tener la posibilidad de acceder a una tecnología cercana, ya que dichas tecnologías se presentan como ayudas de alta eficiencia que permiten un mejor desempeño en términos de actividad y participación.
Se debe considerar que, cuando se habla de tecnología, se hace referencia a una amplia gama de apoyos, que van desde las ayudas técnicas tradicionales (bastones, regletas Braille, audífonos, silla de rueda, etc.) hasta soportes e innovaciones de última generación (programas computacionales o simuladores de teclado, entre otros). Por lo tanto, el desafío es poner este derecho en la discusión pública y en las prioridades políticas de los Estados, argumentando que no se están solicitando por un lujo, sino por una necesidad básica para millones de seres humanos. Con el acceso a la tecnología se garantiza el poner al servicio de la persona con necesidades especiales otros derechos como el de la educación.

· El Derecho a Recibir los Cuidados y a Pertenecer a una Familia

El reconocimiento del derecho a un hogar, a una familia y de pertenecer a una comunidad local entendiéndolo como un derecho básico para los niños, significa que hay que evitar situaciones en que éstos sean separados de sus familias y comunidades por la necesidad de educarse. Si uno de los objetivos de la educación es favorecer la plena integración y participación de las personas en la sociedad, es necesario que ésta comience en su propia familia.
Por otra parte, las familias juegan un rol fundamental al momento de asegurar el derecho a la educación de sus hijos, de hecho, la Constitución Chilena indica que son los padres, los que tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, correspondiendo al Estado otorgar especial protección al exigir este derecho.
La participación de la familia es central para el óptimo desarrollo de todos los alumnos y, más aún, cuando éstos presentan necesidades educativas especiales. Por lo tanto, los establecimientos educacionales deben permitir y estimular la participación y colaboración de la familia en el proceso educativo, proporcionándoles la información y orientación que les permite apoyar de manera adecuada el desarrollo y aprendizaje de sus hijos.

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