Educación Inclusión y Diversidad (apunte)

“La actual Reforma Educacional busca implementar un proceso de transformación profundo del sistema educativo chileno, con el propósito de garantizar el acceso de todas y todos los chilenos a una educación pública, gratuita y de calidad.

Esta Reforma se sustenta en la construcción de nuevos propósitos colectivos: una sociedad más integrada, con mayor inclusión y justicia social. Para avanzar en esta dirección, se propone la construcción de comunidades educativas heterogéneas e inclusivas, que se reconocen, dialogan y aprenden desde las particularidades de cada una y uno de sus integrantes.”

(Orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas. 2016)

El derecho a una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos los niños, jóvenes y adultos, se encuentra consagrado en una serie de instrumentos y acuerdos internacionales adoptados por la mayoría de los países. Dentro de los principales, se encuentra la necesidad de elevar la calidad y equidad de la educación con el fin de asegurar el acceso y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los estudiantes (Educación para Todos (EPT) – Conferencia Mundial de Jomtien, Tailandia, 1990). Dicho acuerdo, fue posteriormente reforzado en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (Salamanca 1994) y en el Foro Mundial de Educación para Todos (Dakar, 2000).
En Chile, al igual que en otros países de América Latina, estos acuerdos han contribuido al desarrollo de reformas y políticas educativas orientadas al mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educativos para dar respuestas adecuadas a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE)*.
La Ley General de Educación (20.370/2009) de Chile, contempla como deber del estado la necesidad de velar por que cada ciudadano pueda tener acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, dando especial atención a aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial.
Por su parte, el derecho a la educación para todos y todas está consagrado en otros importantes instrumentos jurídicos vigentes. La Constitución Política de la República de Chile (1980); La Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284/1994); el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966); la Convención de los Derechos del Niño (1990); la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (OEA Guatemala, 1999) y ratificada por Chile en el año 2002, a través de la Ley 20.422, “ Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad”, y más recientemente en la Ley 20.845 de Inclusión Escolar (2015).
Sumado a lo anterior, es importante mencionar que en nuestro país, se llevó a cabo entre los años 2006-2010, la “Política Nacional de Educación Especial”, en cuyo contenido se plantean los siguientes principios:

 La educación es un bien al que todos tienen derecho.
 Valoración de la diversidad como fuente de riqueza para el desarrollo y aprendizaje de las comunidades educativas.
 Construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.
 Mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la oferta dirigida a las personas que presentan NEE.
 Participación activa e informada de la familia, los docentes, los alumnos y la comunidad en las distintas instancias del proceso educativo.

Desde esta perspectiva, se plantea un marco que busca alcanzar el objetivo de “favorecer la articulación de la educación regular y especial en todos los niveles y modalidades del sistema escolar, incorporando transversalmente la temática de las NEE en las políticas educativas”, constituyéndose en una línea estratégica el mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes que presentan NEE integrados en el sistema de educación regular y en una acción prioritaria la actualización de la normativa de la educación especial y regular, de manera que posibilite una respuesta de calidad a la población con NEE”.
Es así como se promulga el Decreto Supremo N° 170/2009, que da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.201/2007 que modifica las normas que regulan el financiamiento estatal de la Educación Especial. En dicho instrumento se hace mención de la evaluación diagnóstica integral de aquellos estudiantes que presentan NEE de carácter transitoria, y que reúnan las condiciones para participar en un Programa de Integración Escolar (PIE), permitiéndoles con esto acceder a la subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorio; y respecto de la evaluación diagnóstica integral de los estudiantes con NEE de carácter permanente para que accedan al incremento de la subvención especial diferencial.
Todo lo anterior, genera un marco para las instituciones educativas que apunta al aseguramiento de procesos de calidad bajo un enfoque de atención a la diversidad y que promueve la inclusión como un eje fundamental para el desarrollo de una sociedad que crece y se potencia en conjunto. Sin embargo, a su vez propone el gran desafío de traducir a la práctica diaria lo declarado a nivel de políticas, leyes y decretos, dando especial importancia a la transformación de las distintas visiones y barreras que la misma sociedad ha ido construyendo respecto de la posibilidad de éxito de esta empresa.

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